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Todos los cambios sobre las pensiones que entran en vigor en 2021

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Todos los cambios sobre las pensiones que entran en vigor en 2021

Los cambios en las pensiones afectarán, entre otros, al cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, que tendrá en cuenta los últimos 24 meses cotizados. Esta es toda la información que debes tener a mano.

Con la llegada del nuevo año se producirán importantes cambios en las pensiones. Algunos emanarán de las recomendaciones del Pacto de Toledo, aprobadas en el Congreso el pasado mes de noviembre de 2020. Otros –los de más inmediata aplicación– parten de lo estipulado en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social (que entró en vigor en 2013).

Una de las variaciones de mayor interés es la que se refiere al cambio en la edad de jubilación. Según lo estatuido en la normativa antedicha, en 2021 la edad de jubilación será a los 66 años, si se tienen menos de 37 años y tres meses trabajados. Para poder jubilarse a los 65 años será necesario ostentar una cotización de 37 años y tres meses o superior.

El objetivo, y así lo indica el cuadro incluido en la Ley, es que, a partir de 2027, la edad de jubilación sean los 67 años para quienes hayan cotizado menos de 38 años y seis meses, y 65 en el caso de tener, el menos, ese periodo cotizado. Por ejemplo, la edad de jubilación en 2022 será de 66 años y dos meses. Para jubilarse con 65 se exigirá una cotización de 37 años y seis meses o más.

La pensión de jubilación se calculará con las cotizaciones de los últimos 24 años

De igual forma, se prevén en la Ley de 2011 las progresivas variaciones en el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación. Si en 2020 se tenían en cuenta los 23 últimos años cotizados, en 2021 se calculará sobre las 24 últimas mensualidades. A partir del 1 de enero de 2022 se llegará al propósito marcado en la legislación, que es calcular esta base con 25 meses cotizados.

Al menos eso es lo acordado en el momento de redactar dicha Ley, pero, según publican varios medios, la intención del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es elevar a los 35 meses la cifra de cálculo de la base. Así se muestra en un borrador elaborado por el ministro y que, siempre según las distintas informaciones, su socio en el Gobierno, Unidas Podemos, ya habría rechazado.

Cuatro años negociando la reforma de las pensiones en el Pacto de Toledo

A lo anterior hay que sumar las recomendaciones incluidas en el Pacto de Toledo que, en 2020, tras estar en fase de elaboración desde finales de 2016, ha sido finalmente reformado. El objetivo, señalaron los portavoces de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo que aprobaron el informe preliminar, “es preservar el modelo público de reparto y adoptar las medidas adecuadas que garanticen su sostenibilidad en el medio y largo plazo, dotando de certidumbre a pensionistas actuales y futuros”.

Las estimaciones presentadas por Escrivá en septiembre de 2020, fueron que en 2023 los gastos impropios que asumiría la Seguridad Social ascenderían a 22.871 millones, mientras que el déficit estimado para ese año sería de 20.185 millones.

Algunas de las recomendaciones que supondrán cambios en las pensiones para 2021 tienen que ver con la separación de las fuentes de financiación: las prestaciones contributivas se financiarán con cotizaciones sociales y las no contributivas a través de los Presupuestos Generales del Estado. El texto también reclama garantizar por ley el poder adquisitivo de los pensionistas mediante la revalorización anual de las pensiones a partir de la evolución del IPC real. En este sentido, las pensiones subirán un 0,9 % en 2021, lo que supondrá un aumento de las pensiones mínimas contributivas de entre 2 y 11 euros mensuales.

Otro grupo de recomendaciones del Pacto de Toledo se centran en optimizar orgánicamente el sistema, con medidas como el refuerzo en la plantilla de la Seguridad Social, incluso a través de la creación de una agencia dedicada a la gestión de las pensiones, la flexibilización de los recursos de las mutuas o el refuerzo en la lucha contra el fraude de la inspección de Trabajo.

Indicen también en acabar con la brecha de género, reclamando reformas que corrijan “posibles tratamientos discriminatorios”, como sucede en el caso de las mujeres, que cobran un 34,4 % menos que los hombres en el caso de las pensiones contributivas.

*Artículo original publicado en Business Insider

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